El Gobierno del Presidente José Antonio Kast decidió remover a Luis Silva de su cargo como subsecretario de Justicia, en medio de la controversia política y judicial generada por las rebajas de condenas concedidas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes.
La salida de la autoridad se concretó este viernes 30 de octubre, luego de varios días de cuestionamientos a la gestión del Ministerio de Justicia y, particularmente, a las decisiones administrativas que permitieron reducir las penas de distintos condenados.
Uno de los factores que habría incidido en la determinación fue la publicación de un video en redes sociales, donde Silva explicó su participación en la firma de los decretos cuestionados. En el registro, sostuvo que actuó siguiendo los criterios establecidos por el ministro de Justicia, Fernando Rabat, y que su intervención se produjo cuando le correspondió subrogarlo.
Sin embargo, el exsubsecretario reconoció posteriormente que no había informado previamente al titular de la cartera sobre la publicación del material audiovisual. Según explicó, no consideró necesario realizar esa consulta, debido a que su intención era entregar información a la ciudadanía sobre un procedimiento que calificó como poco conocido.
La situación generó tensiones al interior del Ejecutivo, especialmente por la exposición pública de las diferencias en la coordinación entre ambas autoridades. Pese a la salida de Silva, el ministro Fernando Rabat continuará en su cargo, según la decisión adoptada por La Moneda.
En reemplazo de Silva asumirá Josefina Soto, abogada de la Pontificia Universidad Católica y excoordinadora Legal y Administrativa del Ministerio de Hacienda durante el segundo Gobierno de Sebastián Piñera. Además, participó en el Comité Técnico de Admisibilidad del proceso constitucional de 2023.
La remoción ocurre en un escenario complejo para la cartera, luego de que se conociera que 56 personas condenadas por delitos sexuales contra menores recibieron rebajas administrativas de sus penas, situación que provocó fuertes críticas desde distintos sectores políticos.
A esto se suma la investigación iniciada por la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, que busca esclarecer eventuales responsabilidades por presunta prevaricación administrativa, tras una denuncia presentada por parlamentarios de oposición contra Rabat y Silva.
De esta manera, la salida del subsecretario representa el primer cambio de autoridad en el Ministerio de Justicia a raíz de la controversia, mientras el Gobierno enfrenta presiones políticas y cuestionamientos por los beneficios penitenciarios concedidos.
